Legislación contra la “economía sumergida”

 
El dinero vinculado a la economía negra no genera impuesto y la grave crisis ha llevado al Gobierno central a tomar cartas en el asunto.

El Gobierno español ha aprobado esta iniciativa en sede parlamentaria y que entró en vigor el pasado día 17. En concreto, a partir de ahora defraudar a la Seguridad Social, cobrando por desempleo y trabajar cobrando un dinero ilegal  será castigado con pena de cárcel. En los casos más graves de seis meses a tres años de prisión.
La medida, afecta tanto a los trabajadores como a los empresarios, siendo previsible que tenga una «repercusión social enorme», aunque se considera de «carácter disuasorio» para tratar de reducir un agujero ilegal por el que cada año se pierden cientos de millones de euros.
Según diversos estudios no oficiales la tasa de fraude del país giraría en estos momentos en torno al 23%, casi el triple que en países como Alemania o Francia (8%). Uno de cada cuatro euros que circulan en el Estado sería dinero negro. Y en cuanto a sectores más calientes, serían especialmente los de la construcción y las chapuzas (electricidad, fontanería o mecánica) donde profesionales y clientes tratarían de evadir el pago del IVA.
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